Millonario patrimonio del juez Álvaro Tovilla
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2011, p. 5
Lunes 11 de julio de 2011, p. 5
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encontró
inconsistenciasen la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos, revelaron fuentes del órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados.
El juzgador –quien en 2005 resolvió que Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión concedida en vía de amparo por el caso del predio El Encino– fue suspendido temporalmente del cargo mientras la Judicatura lo investiga por presunta falta de probidad en su actuar como impartidor de justicia.
Una de las líneas de investigación que se desahogan tiene que ver con la posibilidad de que el juez haya recibido sobornos de los abogados y el grupo empresarial a los que el amparo permitió continuar con la construcción –en el Distrito Federal– de la Torre Lomas, en Pedregal 24.
Queja de académico
Informes judiciales refieren que el académico Carlos Elizondo Mayer-Serra presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado de circuito, con el que busca echar abajo el permiso para la construcción de la Torre Lomas. En 2006 el juez Tovilla concedió el amparo con base en el cual se expidió el certificado de zonificación de uso de suelo permitido para la torre de 25 pisos.
Elizondo vive en una calle vecina a Pedregal, y su recurso está basado en el artículo 96 de la Ley de Amparo, que permite a cualquier persona interponer queja contra el cumplimiento excesivo de una sentencia.
En este caso, se alega que el recurso otorgado por el juez Tovilla a la empresa Arrendadora Virreyes, anterior propietaria del inmueble, quedó cumplido el 22 de enero de 2007, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) expidió el certificado de zonificación para el fallido proyecto de la Torre Bicentenario.
La Judicatura suspendió al juez Álvaro Tovilla por la investigación que inició a su juzgado tras el encarcelamiento del secretario Esiquio Martínez Hernández, acusado de tener un patrimonio ilícito de 50 millones de pesos.
Para el analista ruso Vladimir Davydov, los gobiernos panistas pusieron todos los huevos en una sola canasta, la estadunidense Foto Juan Pablo Duch
La izquierda estuvo a punto de ganar; ahora parece fragmentada
Sin un Estado sano y fuerte, el país no podrá parar el avance de los cárteles de la droga. El combate al narcotráfico requiere de un gobierno fuerte, y para ello debe restablecer ese Estado.
La reglamentación de radios comunitarias no les confiere un régimen especial: IFE
Su incorporación motivó que la CIRT presentara un recurso de queja ante el tribunal electoral
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 11 de julio de 2011, p. 8
Lunes 11 de julio de 2011, p. 8
La incorporación expresa de las radios comunitarias en el nuevo reglamento de radio y televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), no les confiere un régimen especial ni crea una figura jurídica en la legislación. Promotor de su inserción, el consejero Marco Antonio Baños sostuvo que en todos los casos se trata de radios permisionadas que solicitaron, por sus deficiencias técnicas, asesoría y flexibilidad para cumplir con sus obligaciones de ley en los promocionales.
Sin embargo, su incorporación, mencionándolas expresamente como radios comunitarias, generó una reacción negativa por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la que presentó un recurso de queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En él, la cámara acusó al instituto de establecer pautas en
radios piratasy concederles un tratamiento especial en detrimento de todos los concesionarios de esa industria.
Baños reconoció que la mayor molestia de los concesionarios obedece al reconocimiento explícito que se les da como radios comunitarias y no sólo como permisionadas, que en total son 15 y que, en todos los casos, cuentan con permiso para operar.
El consejero electoral agregó que los representantes de las radios comunitarias se presentaron al IFE solicitando apoyo para lograr un mejor cumplimiento de sus obligaciones de ley, toda vez que en la actualidad la mayoría opera sin presupuestos y sus trabajadores laboran de forma en general voluntaria.
No somos piratas
Entrevistado por separado, Sócrates Vázquez, de la radio comunitaria Jenpoj, y actual representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dijo:
No somos radios ilegales, todas tenemos permiso para operar legalmente. Criticó asimismo que la CIRT haya acusado al IFE de pautas a radios
piratas, pues eso omite el carácter legal.
La única diferencia con otras radios permisionadas es que no tenemos un fin estatal, sino que con trabajo voluntario hay un objetivo comunitario.
Mencionó que en las comunidades donde operan las 15 radios comunitarias, éstas funcionan mediante la figura del tequio o ajustándose al trabajo voluntario de personas, lo que facilita que operen con un fin social.
Nosotros reafirmamos que estamos en la legalidad y lo que queremos es cumplir con la ley. El cambio en el reglamento es un paso que se da para el reconocimiento de las radios, insistió.
Al respecto, Baños expresó que la excepcionalidad que confirió el IFE para el cumplimiento con el reglamento y las pautas obedece centralmente a dos aspectos: la obsolescencia tecnológica evidente y la carencia de personal profesional. En muchos casos, las radios comunitarias operan con computadoras viejas y recursos improvisados.
El IFE asumió que el personal que ahí labora no tiene salario y su trabajo es sólo una aportación voluntaria para que funcionen estas estaciones.
La excepción que hizo el IFE se limita a reconocer que, en determinadas situaciones, por cambios de personal u otra causa atribuible a las carencias de las estaciones, en lugar de difundir, por ejemplo, un espot a las 5 de la tarde lo repongan en la hora siguiente, cuando tengan ya condiciones de transmitirlo.
Toda la riqueza natural de nuestro territorio la vamos a defender, porque sabemos que el gobierno quiere la tierra para vender en otro país para grandes hoteles. La JBG la va a defender porque es el patrimonio que dejó nuestro antepasado. El gobierno
ofrece terrenos en los centros ecoturísticos a otros países para grandes hoteles, restaurantes y cabañas, en beneficio de las grandes empresas trasnacionales.
El mes pasado, el juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, Ricardo Delgado Quiroz, determinó iniciar un juicio contra Martínez Hernández. La decisión implica que el secretario del juez Tovilla permanecerá internado en el reclusorio, pues el juez Delgado le negó la libertad provisional bajo caución, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que constituía un riesgo que estuviera fuera de prisión.
Esiquio Martínez manejaba una cuenta de HSBC, donde acumuló 39 millones de pesos durante la última década, sin que lo reportara en sus declaraciones ni lo detectara el Poder Judicial.
El secretario de juzgado quizá no habría sido descubierto en su patrimonio paralelo de no ser porque en 2010 desde esa cuenta transfirió 14 millones de pesos a Nehmías Cruz Hernández, presunto empleado del CJF, quien también está sujeto a investigación por autoridades disciplinarias de la Judicatura.
Martínez tenía 12 cuentas: siete en HSBC, dos en Banamex, una en Ixe, otra en Santander y una de American Express Bank. Pero la del problema fue la cuenta 4044163111 de HSBC.
Lo que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los 14 millones que transfirió desde esta cuenta a Cruz fueron triangulados a José Daniel Martínez Vasconcelos, por un total de 14 millones 500 mil pesos. El 8 de abril de 2010 se generó una primera alerta en el sistema financiero, porque Martínez hizo 13 operaciones de retiro por 29 millones 792 mil 186 pesos en la cuenta de la que había transferido los recursos a Cruz Hernández.
Los 432 millones detectados en movimientos de las cuentas bancarias de Esiquio (en dos años) derivan precisamente de esa cuenta, donde se acumularon 39 millones 919 mil 855 pesos entre mayo de 2000 y noviembre de 2010. Esta cantidad, sumada a la que tenía Martínez en sus 11 cuentas restantes –además de un inmueble y dos vehículos automotores–, dan un total de 50 millones 707 mil 633 pesos, que es el patrimonio ajeno a sus ingresos como funcionario de la Judicatura Federal.
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